El cinturón de acero de la propiedad intelectual aprieta (y ahoga)

Hace unos días apareció en los medios de comunicación la noticia de que un juez había sentenciado contra la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes por una infracción de derechos de autor.

Sería conveniente recordar los hechos: la BVMC digitalizó el libro Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra con 1.000 documentos hasta ahora inéditos y numerosas ilustraciones y grabados de época, editado por Ediciones Reus, y lo incoporó a su catálogo en 2003. En marzo de 2004, la editorial le indica que ésta posee los derechos de explotación de ese libro, que la BVMC no solicitó permiso para esa publicación digital, y que, aunque lo retiraron de su catalogo, los accesos a la versión digital en la BVMC le suponen un perjucio (?).

La BVMC hizo lo propio, descatalogarlo de su biblioteca, al tiempo que dio cumplidas disculpas por el error, ya qué en su ánimo nunca estuvo perjudicar a la editorial, entendiendo que el libro ya había sido descatalogado por ésta. Aún así, los abogados de la editorial vieron caso y la editorial denunció a la Universidad. Finalmente, el juez no ha tenido en cuenta esa descatalogación del libro ni el ánimo de gratuidad con el que la biblioteca educativa puso a disposición una obra descatalogada, y condena a la Universidad de Alicante a indemnizar a la Editorial Reus con 20.000 euros.

Un libro descatalogado es abandonado a su suerte

La parte fundamental del asunto es la descatalogación del libro. Quizá se ha de explicar que és y que produce que una editorial descatalogue uno de sus libros. Cuando un libro se descataloga es porque la editorial renuncia a su comercialización porque entiende que su ciclo comercial se ha cumplido. Cuando esto sucede, la editorial salda el libro ofreciéndolo a libreros de viejo y librerias y ferias de ocasión. Pero si el libro no interesa a éstos, la editorial lo destruye convirtiéndolo en pasta de papel, en material reciclado para otra obra. La obra deja de existir salvo en los libros que queden en librerías de viejo, bibliotecas personales y... bibliotecas públicas.

La editorial, al descatalogar el libro, liquida al autor sus derechos por la venta en saldo del libro. El autor termina así de recibir sus derechos y la editorial deja así de ejercer los suyos. El matrimonio que formaron para esa publicación queda deshecho. Por las ventas en los circuitos de ocasión ni la editorial ni el autor percibirán derechos porque los liquidaron en la venta de saldo.

Es curioso cómo la editorial ha sacado provecho un tanto torticero cuando encuentra que este libro, ya descatalogado por ellos, se ha convertido en una edición digital gratuita, una edición que, si bien la que ellos realizaron con encomio ha llegado a su fin, ésta puede ser infinita gracias a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.


Hubo caso, ahora hay causa

Nada que objetar de la sentencia: se ajusta a la ley. La editorial ha cobrado las treinta monedas de plata por algo que si enfitéuticamente no merece, ha derecho. Sus abogados vieron que había caso y lo han ganado.

Pero la Universidad ha de ver que además de caso, hay causa. Y la causa no es otra que liderar no ya una biblioteca virtual, sino los cambios sociales que está causando la sociedad del conocimiento. De pronto, el caso le ha puesto en bandeja la oportunidad de hacer ver en el mundo que la sociedad del conocimiento ha puesto al descubierto a las leyes sobre derechos de autor, apuntándolas como obsoletas y percibiendo el peligro de que pueden llegar a convertirse en reaccionarias si benefician a los que convierten el conocimiento en pasta de papel y perjudican a los que lo difunden gratuitamente y ad infinitum en digital.

Ideas para un cambio necesario

La causa es además esa oportunidad que tiene la Biblioteca de mostrarse, siendo la mayor digital de humanidades en español, como objeto y lugar donde se estudien y practiquen, donde se promuevan y experimenten ideas que provoquen cambios. Perdón por la perogrullada: ése es su papel. Ideas para cambios que cada vez más intelectuales y juristas de todo el mundo ven necesarios en la propiedad intelectual, ideas para una era en la que algunos todavía no saben que hemos entrado. Nuevas ideas en fin para acabar con la miopía de que Internet es una amenaza para algunos sectores económicos. 20.000 euros por ostentar ese liderazgo es un saldo.